Justicia y Democracia.

Las noticias que más resaltan en la prensa peruana son las que se refieren a hechos criminales cometidos por la delincuencia común. Pero estos delitos también se entremezclan con revelaciones casi diarias de actos de corrupción en donde los protagonistas son los políticos de turno tanto del gobierno como de la oposición. En esta oportunidad quiero abordar un hecho que se difundió rápidamente entre la ciudadanía; se trata de la denuncia sobre la posible existencia de un escuadrón de la muerte conformado por policías, que estaría operando en la ciudad de Trujillo y cuyo objetivo es el de perseguir y asesinar a delincuentes que asolan a esta región. Esta revelación ha levantado polvareda y es así que muchos personajes políticos y no, así como expertos y criminólogos han salido a dar sus puntos de vista. En líneas generales, todos dicen lo mismo: culpan a la policía, a los alcaldes, a los gobiernos regionales etc.; pero muy pocos involucran al Poder Judicial como uno de los principales responsables de esta grave situación, de ser cierta. Sin embargo, la opinión de los ciudadanos de a pie, en su inmensa mayoría es de apoyo a este supuesto escuadrón y hay unanimidad que el poder judicial es el principal responsable del aumento de la criminalidad. Lo más alarmante es que estos mismos encuestados piden que se formen más de estos supuestos escuadrones como la única manera de acabar o de controlar la delincuencia.
El Poder Judicial es, después del Congreso, el organismo estatal más desprestigiado. Es urgente que el Gobierno tome la decisión política de hacer una razzia en este Poder del Estado y expulsar a los corruptos e incapaces. No es justo que delincuentes y criminales avezados, con amplio prontuario, tengan carta libre para seguir delinquiendo gracias al respaldo del Poder Judicial. Los ciudadanos que trabajan, se esfuerzan, pagan sus impuestos y respetan las leyes no pueden tener menos derechos y garantías que aquellos que roban, extorsionan y asesinan. Un estado que sobrevalora los derechos de los criminales en detrimento de los ciudadanos decentes no merece llamarse un estado democrático.